La nueva Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se implantará a lo largo de este año en España. Organizaciones de la sociedad civil han enviado sus alegaciones para incluir medidas adecuadas en el Real Decreto para proteger el medio ambiente y las personas.
A una semana de que termine el plazo de participación para la transposición de la Directiva de RAEE Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, AERESS, CCOO y UGT piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una gestión que priorice la reducción de residuos, la reparación de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la prohibición de la obsolescencia programada, entre otras medidas. La situación actual en la gestión de residuos electrónicos es insostenible; la escasa recogida de este tipo de residuos a través de los canales adecuados y el gran descontrol en el destino final de los mismos hacen necesario poner en marcha sistemas más eficientes para su tratamiento.
Los materiales con los que se fabrican estos aparatos son mayoritariamente escasos y valiosos, por lo que la falta de reparación, reutilización y reciclaje provoca un desperdicio de recursos naturales. Pero a la vez, son muy contaminantes, lo que conlleva impactos muy graves tanto en las zonas donde se extraen los materiales como en aquellas donde se depositan sus residuos.
España ya cuenta con redes de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, gran parte gestionadas por empresas sociales, que aportan un valor añadido a las mejoras ambientales evidentes. Actualmente la red de recuperadores vinculada a la economía social emplea a 1.746 personas en España, con un 47,5% de puestos de trabajo de inserción de personas en riesgo o exclusión social [1]. Si se gestionara más cantidad de material, se estima llegar a los 3.583 puestos de trabajo. En toda Europa la red de recuperadores sociales emplea a 40.000 trabajadores.
Fuente: AERESS. Ver noticia completa